Desde la intervención del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) se destacó la necesidad de declarar de interés público al estudio de las llamadas energías alternativas y su consecuente marco regulatorio. También se resaltó la iniciativa que propone dar un marco jurídico a todos los servicios públicos que se brindan en la provincia para proteger a los usuarios y optimizar la provisión de aquellos.
En una entrevista con EL DIARIO, el interventor del EPRE, Marcos Rodríguez Allende destacó la necesidad de comenzar a estudiar la incorporación de las llamadas energías alternativas para complementar el tradicional servicio que provee de energías eléctrica a los hogares, comercios, pequeñas y medianas empresas y grandes emprendimientos industriales y agropecuarios que imprimen el perfil productivo de Entre Ríos. A esto se añadió la necesidad de dar un marco regulatorio a todos los servicios que se brindan en territorio entrerriano.
Rodríguez Allende precisó que “la provincia de Entre Ríos tiene dos objetivos muy claros a partir de diciembre, uno de ellos es comenzar a darle un marco jurídico y regulatorio a todos los servicios públicos que se brindan en la provincia” y señaló que “esto no es otra cosa que poner en funcionamiento nuestra Constitución provincial cuando habla de la necesidad de la regulación y control de los servicios esenciales que se brindan y que no sólo comprende al servicio eléctrico que está regulado por el EPRE, sino que se refiere al control, en un marco técnico jurídico, de otros servicios como lo son el agua, transporte y demás servicios que se puedan ir reglamentando”. Además, el interventor explicó que “por otro lado, y esto es importante destacar, el EPRE declara de interés público para el Estado provincial la necesidad de comenzar a estudiar la incorporación de las llamadas energías alternativas y energías no convencionales, no tradicionales, que a lo largo de la historia del servicio eléctrico se fueron dando”.
ESTADO. Rodríguez Allende expresó que “el interés público que el EPRE le da a este marco jurídico, comienza a partir de un Estado moderno en donde, no sólo en otros países sino en otras provincias, las energías alternativas, renovables y no convencionales comienzan a ser utilizadas porque tienen un papel realmente importante”. En este sentido explicó que en este nuevo esquema “tienen un rol destacado no sólo las distribuidoras sino también los usuarios, porque a través de estas herramientas se optimiza y se le da eficiencia mayor a la provisión del servicio eléctrico” y aclaró: “Estamos hablando de un servicio diferente, alternativo, como son los paneles solares, y que se pueden aplicar como productores de energía pero que necesariamente, al momento en que este órgano de control le da el carácter de interés público, le debemos dar un marco regulatorio, jurídico en el que se debe desarrollar en la provincia puesto que estamos en el comienzo de este proyecto”.
OBJETIVOS. El interventor destacó que el mayor control apunta a mejorar la calidad de los servicios y a proteger a los usuarios: “En estas energías renovables, alternativas, que están vigentes en muchas provincias y que Entre Ríos tiene como objetivo ponerlas en funcionamiento en la gestión del gobernador electo Gustavo Bordet, es necesario que el Estado comience a involucrarse con las distribuidoras para poder aplicar a lo largo y a lo ancho de la provincia este sistema novedoso de energías que están por fuera de las tradicionales estaciones transformadoras que se utilizan normalmente”.
AL MARGEN
El interventor analizó que Entre Ríos “tiene un perfil netamente productivo, industrial, agropecuario, y este perfil que viene en un claro desarrollo tiene que ir de la mano de un desarrollo energético, del que si bien las distribuidoras han hecho un esfuerzo brindando un servicio eléctrico óptimo, esta alternativa novedosa para todos y para la provincia, es necesario comenzar a aplicarla, y esto tiene que tener como base fundamental un órgano de control que le dé un sustento jurídico, para que toda la sociedad comience a conocerla y las distribuidoras a aplicarla”.
Fuente: El Diario
