El EPRE informó que el aumento de la tarifa eléctrica es responsabilidad del Estado nacional.
El interventor del Ente Regulador de la Energía (EPRE) Marcos Rodríguez Allende precisó que el aumento de la tarifa eléctrica decidido por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación es “responsabilidad exclusiva y discrecional del Estado nacional”.
También resaltó que en Entre Ríos el gobernador Gustavo Bordet exigió “un compromiso hacia los actores del servicio eléctrico utilizando las herramientas técnicas para lograr el menor impacto posible en la provincia por lo dispuesto por el Estado nacional”. El Ente trabaja en ampliar al padrón para incorporar más beneficiarios para la tarifa social.
Mediante la Resolución 6/2016 que se publicó ayer en el Boletín Oficial, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación informó sobre el nuevo cuadro tarifario que se comenzará a regir en todo el territorio nacional en el trimestre comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril. Fue a partir de la presentación que realizó la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) argumentando que «el precio a pagar por la demanda de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) debe ser suficiente para satisfacer el costo económico de abastecerla».
En Entre Ríos, el interventor del Ente Regulador de la Energía (EPRE) Marcos Rodríguez Allende explicó que “si bien el precio de la energía es para todas las provincias, el impacto para los usuarios no es el mismo”. En ese sentido precisó que “lo que está en juego es la quita de subsidios, que significa que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es muy probable que las distribuidoras cobren una nueva tarifa que oscile en un 300 por ciento, pero en Entre Ríos no será así”.
El interventor informó que en nuestra provincia los aumentos serán de entre en 40 y 45 por ciento, ejemplificando que un usuario que pagaba 250 pesos de tarifa por bimestre deberá pagar ahora un aumento de alrededor de 50 pesos.
Impacto en Entre Ríos
Rodríguez Allende concluyó que “si bien la provincia no tiene absolutamente nada que ver con este aumento dispuesto por la Nación, el gobernador Gustavo Bordet nos exigió el compromiso hacia los actores del servicio eléctrico de utilizar todas las herramientas técnicas para lograr el menor impacto posible en la provincia por el aumento dispuesto por el Estado nacional”. En este sentido se refirió a la denominada tarifa social, de la que indicó que “se está trabajando en la actualización del padrón, en alcanzar criterios más amplios que los de la Nación para que esta tarifa especial alcance a mayor parte de la población”.
Finalmente, Rodríguez Allende recordó que “Entre Ríos fue la única provincia del país que durante dos años no aplicó ningún aumento tarifario” y tomando como referencia la Región Centro señaló que “la tarifa de Santa Fe y Córdoba duplica ampliamente a la de Entre Ríos”.
La medida
El nuevo cuadro tarifario prevé aumentos de hasta el doscientos por ciento para el mercado mayorista, lo que repercutirá inevitablemente en las tarifas residenciales. En lo que concierne a este último sector, se informó que la suba será escalonada de acuerdo a la demanda de energía y a la relación del consumo comparado con el mismo período del año pasado. En este sentido, según lo que se conoció ayer, el decreto refiere una Reprogramación Trimestral Definitiva para el trimestre febrero-abril de 2016. Entre los argumentos que se dieron a conocer en la Resolución se destacó que se prevé una tarifa social con «precio mínimo» y la gratuidad en el uso de los primeros 150 kw/h por mes en los hogares de bajos ingresos.
En la Resolución se explicó que “ante el desfasaje existente entre los costos reales y los precios vigentes y considerando las posibilidades de pago de los usuarios y la conveniencia de prevenir un impacto negativo en la economía nacional, resulta necesario sancionar un precio estacional único a nivel nacional para el MEM todavía sensiblemente menor al costo real de abastecimiento del sistema, aplicable a la demanda de energía eléctrica de los Agentes Prestadores del Servicio Público de Distribución de los usuarios que no están en condiciones de contratar su propio abastecimiento y/o tienen demandas menores a los trescientos kilovatios (300 kW), en tanto se avanza en la implementación progresiva de un programa de normalización de las distintas variables macroeconómicas, se incentiva el uso racional y eficiente de la energía eléctrica y se afianzan condiciones propicias para la incorporación de inversiones privadas de riesgo en las distintas actividades y segmentos de la industria eléctrica”, añadiéndose que “para ello se ha tomado como referencia el precio sin subsidio para todo el país establecido en el Artículo 2° de la Resolución N° 1.301 del 7 de noviembre de 2011 de la ex Secretaría de Energía del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el que representa a la fecha un porcentaje menor del costo real de abastecer a la demanda nacional”.
La Resolución destaca que “el abandono de criterios económicos en la definición de los precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) distorsionó las señales económicas, aumentando el costo de abastecimiento, desalentando la inversión privada de riesgo dirigida a incrementar eficientemente la oferta y restando incentivos al ahorro y el uso adecuado de los recursos energéticos por parte de los consumidores y usuarios”. En este sentido también considera que “simultáneamente, sólo una proporción menor del costo de abastecimiento fue afrontado por la demanda de energía eléctrica, recurriéndose a los recursos del Tesoro Nacional para cubrir la porción sustancial de dicho costo, lo que contribuyó significativamente a una presión tributaria progresivamente creciente sobre el conjunto de la población, situación que en la actual magnitud deviene insostenible”.
Nuevo cuadro
En el nuevo cuadro tarifario se contempla la situación de usuarios residenciales que no tengan recursos (Tarifa Social) o realicen un uso racional de la energía (Sistema de incentivos). Así, se precisó que se considerará para estos dos sectores un sistema de incentivos, con ciertos beneficios tarifarios, para usuarios que «carecen de capacidad de pago suficiente” y valores diferenciados para quienes hagan un uso racional y ahorren energía con respecto a sus consumos del año pasado.
