La propuesta procura que el Estado provincial recupere protagonismo en el control de servicios públicos esenciales para evitar arbitrariedades que vayan en detrimento del interés de los ciudadanos usuarios de aquellos servicios. Los fundamentos constitucionales de la proposición.
Marcos Rodríguez Allende, interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), explicó a EL DIARIO los fundamentos de la necesidad de que el Estado provincial cuente con un órgano que reúna el control de los servicios públicos que revistan una importancia esencial para la sociedad. Servicios de provisión de la energía eléctrica, agua y gas, como el del transporte público urbano e interurbano, se encuentran entre las áreas que el funcionario considera necesario abordar para ejercer una tutela efectiva de los intereses de los ciudadanos.
“En mi carácter de responsable de un órgano de control de un servicio público tan importante como es el servicio eléctrico, que es esencial y fundamental para la vida de los ciudadanos y de los sectores productivos de nuestra provincia, sostengo que vamos a tener en el futuro inmediato la necesidad de implementar una política que amplíe la protección de los usuarios de todos los servicios públicos”, opinó Rodríguez Allende. El interventor del EPRE fundamentó su posición en la Constitución de Entre Ríos. Así, explicó que “como punto de partida de esta necesidad tenemos el novedoso artículo 30 de la Constitución provincial en el cual se dispone como premisa fundamental que todos los ciudadanos de Entre Ríos tienen garantizada la defensa de todos los derechos, no sólo como consumidores y usuarios, sino también de bienes y servicios, tanto públicos como privados”. El funcionario precisó que “estos derechos, que están estipulados expresamente en la Constitución de la provincia, deben ser protegidos y controlados, quedando ésta responsabilidad en manos del Estado provincial. Cuando hablamos del Estado hablamos, tal como lo describe la Carta Magna provincial, de un ente provincial”.
Continuidad. Para Rodríguez Allende, el contralor de la provisión de servicios públicos esenciales para la vida de los ciudadanos y de los sectores dinamizadores de la economía constituye una política de Estado, que como tal debe ser prioridad a la hora de diseñar un proyecto de provincia. En este sentido sostuvo que “se trata de una política de Estado y es parte de la idea del gobernador Urribarri y de la continuidad que está representada en el candidato a gobernador Gustavo Bordet, poder profundizar aún más la protección de los ciudadanos y usuarios, no solamente del servicio eléctrico como servicio público esencial, sino de otros servicios que aparecen como fundamentales en la vida diaria de los habitantes. Para ellos es necesario conformar y profundizar los órganos de control” aseguró. Además, en este sentido consideró que “en esencia se trata de una plataforma política del Frente para la Victoria (FpV) que impulsa profundizar las garantías y los derechos de los consumidores y usuarios”.
En consonancia con los fundamentos de la propuesta, explicó: “En el caso del EPRE tenemos un órgano de control único que se ocupa específicamente del servicio eléctrico, pero es evidente, y es parte de la plataforma política para el futuro inmediato, que es necesario implementar y ampliar estos controles a otros servicios. Cuando decimos que es necesario ampliar los controles nos referimos a que es necesario abarcar aquellos servicios como el transporte urbano e interurbano, del sistema de agua potable, del servicio de provisión del gas, que si bien hoy por hoy es de competencia nacional, no tenemos la posibilidad en la provincia de poder controlar aunque sea parcialmente este servicio”.
En auxilio de su posición, el interventor del EPRE mencionó: “Hemos visto que hace un tiempo hubo aumentos tarifarios unilaterales sin ningún tipo de intervención por parte de las autoridades provinciales respecto al servicio de provisión de gas. Sí lo hemos tenido en el servicio eléctrico con el congelamiento tarifario que es de público conocimiento. Estos puntos, fundamentales, ameritan la intervención política del estado a través de un organismo que pueda abarcarlos a todos, porque en definitiva es para garantizar la protección decisiva de todos los ciudadanos ante las arbitrariedades, como en la situación del aumento unilateral de la tarifa del gas que mencioné antes”.
MARGEN
El artículo 30 de la Constitución provincial establece que “se garantiza la defensa de los derechos de consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados”. Además agrega que “las autoridades provinciales y municipales proveerán a la educación para el consumo responsable, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y al de la calidad, regularidad y continuidad de los servicios”. En el tercer párrafo señala que “estos derechos son protegidos, controlados y su prestación regulada por un ente provincial o municipal. La norma establecerá los procedimientos para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios, previendo la participación de asociaciones de consumidores y usuarios. Existiendo organismos de defensa del consumidor en los municipios, éstos ejercerán las funciones en su jurisdicción”. Finalmente prescribe que “el Estado debe garantizar en los servicios públicos concesionados la fijación de un sistema tarifario justo, razonable y transparente”.
Fuente: El Diario
