AUDIENCIA PÚBLICA. Revisión Tarifaria Quinquenal de la Distribuidora CEB período 2018-2023.

Biblioteca Popular “Domingo F. Sarmiento”
SAN CARLOS DE BARILOCHE, RIO NEGRO, ARGENTINA – 25/10/2018

En virtud de lo dispuesto por la Resolución EPRE N° 301/18, el objeto de la presente Audiencia Pública consiste en poner en conocimiento y escuchar opiniones sobre la propuesta tarifaria presentada por la Distribuidora CEB a los fines de la fijación del nuevo Régimen y Cuadro Tarifario que regirá para el próximo período quinquenal.-
En éste sentido, emitiremos nuestra opinión en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE ENTES REGULADORES ELÉCTRICOS DE LA ARGENTINA (ADERE). Somos una asociación civil sin fines de lucro, cuyos asociados representan a más de 21 provincias de la República Argentina. Entres nuestros objetivos y propósitos estatutarios se encuentran: a) la promoción de estudios e investigación en el ámbito del sector eléctrico nacional; b) la estandarización de los procedimientos aplicables en los distintos supuestos técnicos, respetando las jurisdicciones provinciales; c) el asesoramiento y asistencia técnica a quienes requieran nuestra opinión; d) la promoción de los distintos sistemas regulatorios provinciales; e) la promoción del uso racional, eficiente y seguro de la energía eléctrica; f) el desarrollo de las energías renovables; entre otros.-

El servicio de distribución de energía eléctrica es un SERVICIO PÚBLICO y, como tal, debe respetar los principios de continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad y obligatoriedad.-
En éste sentido, los ENTES REGULADORES deben cumplir un rol de CONTROL, procurando mantener en equilibrio la siguiente ecuación: precios justos, razonables y transparentes y servicio eléctrico regular, uniforme, adecuado.-

Una de las formas que tiene todo ente regulador de un servicio público de alcance general de mantener el equilibrio de la ecuación es mediante la herramienta llamada AUDIENCIA PÚBLICA, entendida como un verdadero TRIPTICO SECUENCIAL compuesta por tres etapas: a) ANTES (procedimiento de convocatoria), b) DURANTE (el desarrollo de la audiencia misma), c) DESPUÉS (el reglamento que dicte el ente regulador).-

Ésta herramienta técnica de participación ciudadana en temas de importancia social, fortalece los vínculos con la sociedad civil, dota de legitimidad democrática las decisiones complejas, cumple un rol extraordinario en términos de educación cívica, permite reconocer el valor de las posiciones de todas las partes, refleja el principio procesal de publicidad de los actos de gobierno y promueve el diálogo democrático.-

Más aun, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en distintos pronunciamientos (Abarca, Fernández, CEPIS, entre otros) ha dicho que las audiencias públicas comportan un verdadero MECANISMO DE DEBATE que traduce una faceta de CONTROL SOCIAL PREVIA a la toma de decisiones gubernamentales en materia tarifaria.-
En consiguiente, la fijación de las tarifas entraña una difícil e importante decisión que debe respetar la ASIGNACIÓN DE UN REPARTO JUSTO DE RENTA entre usuarios y prestataria del servicio, siendo la audiencia pública el medio más idóneo para alcanzar el equilibrio de ésta ecuación.-

Este punto medio en la ecuación se logra con tarifas JUSTAS y RAZONABLES para ambas partes (usuario-distribuidora). La razonabilidad de una tarifa se logra con una adecuada retribución para la distribuidora del servicio, quien debe prestarlo en forma prudente y eficiente, es decir, permitiendo simplemente satisfacer sus costos mínimos y posibilitándole obtener una razonable rentabilidad; la justicia de una tarifa se logra, por su parte, identificando claramente los diferentes tipos de consumos y atribuyendo a cada uno un precio.-

Pero además, el marco regulatorio exige la continuidad del servicio que se presta (principio de sostenibilidad) debiendo ser las tarifas compatibles con la SEGURIDAD DEL ABASTECIMIENTO. Ambas exigencias no deben contradecirse sino coexistir de manera armónica y, para ello, debemos adentramos en la técnica de aplicación de las tarifas.-

A efectos de garantizar entre otras cosas una asignación justa de los costos, debemos contar con una correcta caracterización de la demanda, puesto que cada categoría tarifaria tiene un grado distinto de responsabilidad en la máxima potencia que debe soportar cada una de las redes debido a la magnitud de su demanda como a la modalidad del uso del servicio eléctrico.-

Es decir, cada categoría tarifaria debe afrontar los costos que su demanda de servicio le ocasiona al sistema en base a tal principio. Con ello se estaría evitando una discriminación en cuanto al costo del servido lo que, por otra parte, está expresamente prohibido en el marco regulatorio provincial, el cual determina que en ningún caso los costos atribuibles al servido prestado a una categoría de usuario, podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otra categoría (subsidios cruzados).-

En relación al quantum de la tarifa, estamos de acuerdo en que la remuneración al concesionario no debe resultar ni escasa ni excesiva. Es decir, propugnamos una remuneración que cubra los mínimos costos económicos de la prestación compatibilizado con una justa retribución por la prestación del servicio concesionado.-

Sin embargo, no podemos desconocer la situación macroeconómica nacional actual y la grave crisis por la que estamos atravesando, sumado al nuevo esquema de política energética nacional que el Gobierno fijó desde su asunción en Diciembre del año 2015, consistente en la quita gradual de los subsidios o también llamado SINCERAMIENTO DE TARIFAS.-

En este sentido, todo aumento en las tarifas de los servicios es una medida que afecta directamente a los ciudadanos. Por ello, las nuevas tarifas que surjan como consecuencia de este proceso de revisión, sólo deben incluir los elementos legítimos de los costos, desechando aquellos generados por un inadecuado manejo de los recursos de la empresa, por una administración deficiente, por imprudencia gerencial u operacional y por todo aquello que produce costos injustificados. El usuario no debe pagar por ello. En definitiva, se deben establecer tarifas que contemplen exclusivamente los costos económicos eficientes y prudentes de la prestación.-

Para ello, debemos enfocarnos en uno de los componentes de la tarifa, el llamado tasa de rentabilidad. En cuanto a su determinación, la ley de marco regulatorio provincial lo POSIBILITA más no garantiza, la que será obtenida en la medida que la empresa actúe con eficiencia, prudencia y minimizando sus costos. –

Así las cosas, el concesionario de servicios públicos tiene derecho a una tarifa tal que le permita obtener un rendimiento igual al que se obtiene –generalmente- en esta época y en esta parte del país (circunstancia espacial y temporal) en inversiones en otros negocios que soportan riesgos e incertidumbre similares. Pero no tiene derecho, constitucionalmente amparado, a obtener utilidades como las que se pagan o esperan empresas altamente provechosas o de negocios de especulación; el rendimiento debe ser razonablemente suficiente para asegurar la confianza en la solidez financiera de la empresa concesionaria y adecuado para mantener su crédito y permitirle levantar los capitales necesarios para el correcto cumplimiento de sus deberes públicos.-

Existe un criterio general que debe observarse cuando se aplican las metodologías y los criterios de cálculo que es considerar para las distribuidoras eléctricas un ingreso que les permita cubrir costos y hacer las inversiones, para mantener un servicio en los términos establecidos en el marco regulatorio.-

Y es ese marco regulatorio el que establece que la operación de las distribuidoras debe procurar ser prudente y eficiente. Porque hay una relación directa entre la tasa de rentabilidad a la cual aspiran las compañías eléctricas y su grado de eficiencia. Sólo una gestión prudente y eficiente permite habilitar por parte del regulador una tasa de rentabilidad adecuada para cubrir costos y obtener ganancias. –

En razón de estas consideraciones, es importante que el regulador controle el poder monopólico de las distribuidoras, limitando sus precios y, a su vez, introduciendo incentivos a la eficiencia interna y alentando la innovación. Todo esto se debe realizar a través de un buen sistema de precios que cumpla ciertos principios básicos y que a la vez permita cierta flexibilidad a la empresa para realizar sus mejoras de eficiencia.-

En definitiva, creemos que la manera de obtener tarifas correctas, es decir, justas y razonables, se basa en 5 principios básicos esenciales que hay que respetar, a saber:
1.- Principio de Eficiencia: las tarifas deben estimular el mejor empleo posible de los recursos económicos de la sociedad, por ello se requieren tarifas al mínimo costo,
2.- Principio de Equidad: las tarifas deben ser iguales para los consumidores que utilizan el sistema eléctrico de forma semejante,
3.- Principio de Sostenibilidad: las tarifas deben ser capaces de cubrir los costos mínimos, posibilitando una rentabilidad razonable para la prestadora del servicio garantizando la expansión del sistema,
4.- Principio de Simplicidad: las tarifas deben ser lo más simples posibles, de manera que sean comprendidas por los usuarios,
5.- Principio de Estabilidad: las tarifas deben conservar su estructura de precios durante un tiempo razonable, evitándose grandes fluctuaciones en períodos cortos.

En conclusión: respetando estos principios, los usuarios del sistema eléctrico de ésta jurisdicción tendrán tarifas justas, transparentes y razonables, posibilitando a la empresa prestadora del servicio una rentabilidad justa, transparente y razonable.-

Acceso al audio de la exposición del Dr. Luciano Paulín, EPRE Entre Ríos

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